En las webs pueden cruzar al día hasta seis millones de transacciones, 15 veces más que en la Bolsa de Londres. Se mueve cada minuto 3.000 euros en apuestas. Gran Bretaña, Gibraltar y países como Austria o Malta son una excepción en su permisividad. Pese a la intención de la Comisión Europea de respetar la libre prestación de servicios, el juego online es mal visto por casi todos los Estados, temerosos de que reste ingresos a sus monopolios de juegos. En EE UU está prohibido por la presión de los casinos. España no cuenta con una legislación, por lo que muchos discuten la legalidad de las apuestas.

El Parlamento de España con la unanimidad de todos los partidos, aprobó en diciembre del año pasado, una disposición dentro de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información en la que se comprometía a sacar adelante una legislación, aunque no fijaba plazos. Se ha regulado al mismo tiempo las casas de apuestas físicas y las online. Para conceder licencias a estas últimas se les exige que tengan una unidad central en la región y que homologuen sus sistemas informáticos para permitir el control de las autoridades.

El director de Gestión de Juego de Madrid, Edmundo Ahijón, reconoce que “no se pueden poner puertas a Internet” pero reivindica el derecho a hacer valer las competencias sobre juego. Detrás de ese ánimo regulador también late un afán recaudatorio, ya que la comunidad se llevará el 10% de las ganancias. Y es que las casas online que operan en España, tienen ingresos por encima de los 200 millones de euros, no pagan impuestos aquí. Las casas de apuestas online devuelven casi todo el dinero en premios. Se quedan con una comisión que oscila entre el 2% y el 5% de lo ganado por el jugador o de lo apostado.

Como no hay ninguna ley todavía claro, en muchos países que hablan español (España, América Central y del Sur) es legal jugar en casino en línea.